Publicación: Juridicidad de las actuaciones de liquidadores dentro del régimen cooperativo de Panamá
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Resumen en español
Cuando una cooperativa está en liquidación, es necesario tener claro que se trata un proceso, cuyo objetivo se focaliza en ajustar las cuentas de dicha persona jurídica en estado de insolvencia, de tal manera que se determine lo que corresponda a los interesados, según sus derechos activos y pasivos. Por regla general, descansa en la figura jurídica del liquidador, el rol de llevar a cabo dicho proceso, y por tanto, es quien debe en resumidas cuentas inventariar, cobrar y pagar a quienes corresponda según su derecho. Si bien, las tres funciones básicas del liquidador (inventariar, cobrar y pagar), no resulta en la práctica, una actividad de somera ejecución. Se trata más bien, de ejercer funciones propias de cualquier administrador, con la diferencia que el liquidador, sólo tiene una masa de activos, para equilibrar pasivos, sin activar la operación original del fallido. En este sentido, el ejercicio de las funciones del liquidador está enmarcadas en instituciones jurídicas definidas como el mandato especial (Derecho Civil) y buenas prácticas de administración general, tal como lo expone de forma prístina el artículo 90 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, a propósito de la representación legal de la comisión liquidadora, y su relación con la cooperativa.
Resumen en inglés
When a cooperative is in liquidation, it is necessary to be clear that it is a process, whose objective is focused on adjusting the accounts of said legal entity in a state of insolvency, in such a way that it determines what corresponds to the interested parties, according to their rights actives and passives. As a general rule, it rests in the legal figure of the liquidator, the role of carrying out said process, and therefore, it is the person who must, in summary, inventories, collect and pay to whom it corresponds according to their right. Although, the three basic functions of the liquidator (inventory, collect and pay), does not result in practice, a shallow execution activity. It is rather, to exercise functions of any administrator, with the difference that the liquidator, only has a mass of assets, to balance liabilities, without activating the original operation of the bankrupt. In this sense, the exercise of the functions of the liquidator is framed in legal institutions defined as the special mandate (Civil Law) and good practices of general administration, as it is explained in a pristine way in Article 90 of Law 17 of May 1 of 1997, regarding the legal representation of the liquidation commission, and its relationship with the cooperative.
