Publicación: Realidad socio-jurídica de la víctima del delito en el Perú
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Resumen en español
Aquella persona que ha sido victimizada por un evento, hecho o conducta delictiva, sin haberlo deseado, ingresa al ámbito procesal penal, a efectos de solicitar tutela y protección por parte del Estado, el mismo que, es ejercido en alguna medida por el representante del Ministerio Público. Por tanto, el Fiscales penales provinciales, iniciarán una serie de investigaciones para dar con el paradero del responsable, acumularán el mayor número de elementos de convicción, y solicitará su respectivo requerimiento acusatorio, una vez haya identificado y ubicado al autor o autores. Hasta aquí, no pasa de la teoría, la suposición que la víctima es protegida por el Estado de manera integral; sin embargo, en los países sudamericanos, y sobre todo en el Perú, el ron de la víctima no ha tenido el protagonismo que la doctrina ya viene asignándoles, desde los primeros trabajos de Hans von Hentig y de Benjamin Mendelshon, en la década de cuarenta del siglo XX. Ante ello, el presente trabajo trata de vislumbrar la escasa labor del Estado a través de sus instituciones “tutelares”, en cuanto a la protección y tutela de los derechos del agraviado de un delito, ya que nuestra normatividad es deficiente, y si bien, el nuevo código procesal penal del año 2004, y habiendo entrado en vigencia el año 2006, tiene buenas intenciones al tener varios artículos específicos sobre el tratamiento jurídico de la víctima, habiéndose asignado varias denominaciones: agraviado, perjudicado, querellante particular, y actor civil. Ante ello, también se ha acudido a las normas internacionales sobre protección de los derechos de las víctimas, las mismas que solo son mencionadas por algunas normas internas, pero de nada sirven si su aplicación es nula, y son invocadas por autoridades del sistema jurídico penal.
Resumen en inglés
That person who has been victimized by a criminal event, fact or conduct, without having wished, enters the criminal procedural field, in order to request guardianship and protection from the State, which is exercised to some extent by the representative of the Public ministry. Therefore, the provincial criminal prosecutors will initiate a series of investigations to find the whereabouts of the person responsible, will accumulate the greatest number of elements of conviction, and will request their respective accusatory request, once they have identified and located the author or authors. So far, it does not go beyond the theory, the assumption that the victim is protected by the State in an integral way; However, in South American countries, and especially in Peru, the victim’s rum has not had the prominence that the doctrine has already assigned them, since the first works of Hans von Hentig and Benjamin Mendelshon, in the 1940s. 20th century. Given this, this work tries to glimpse the limited work of the State through its “tutelary” institutions, regarding the protection and guardianship of the rights of the victim of a crime, since our regulations are deficient, and although, The new criminal procedure code of 2004, and having entered into force in 2006, has good intentions by having several specific articles on the legal treatment of the victim, having been assigned various names: aggrieved, injured, private plaintiff, and civil actor. In view of this, international norms on the protection of victims’ rights have also been used, which are only mentioned by some internal norms, but they are useless if their application is null, and are invoked by authorities of the criminal legal system.
