Publicación: Facultades del Querellante conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal vigente.
Portada
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Materias
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
A lo largo de la práctica procesal penal, muchas son las posturas que se han venido discutiendo con respecto a la figura de la víctima o querellante, su actuación y facultades dentro del proceso penal. A pesar de lo anterior, no ha existido mayor dificultad en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas, como tampoco acerca de las facultades legales que puede ejercer, una vez constituida como querellante legítima. El punto medular de la discusión ha sido siempre, el momento procesal oportuno para presentar su escrito de querella y ejercer cualesquiera de las facultades que le confiere el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. Sobre este tema en particular se referirá este breve y a mi parecer necesario ensayo, no teniendo como finalidad la de convencer de nuestro criterio a ningún interviniente del proceso, sin embargo, sí pretendemos traer al debate nuestra postura, con la esperanza que pueda ser analizada, discutida, y por qué no, ser utilizado como punto de consenso para la unidad de criterios a lo largo del territorio nacional.
Resumen en inglés
Throughout the criminal procedural practice, many are the positions that have been discussed with respect to the figure of the victim or plaintiff, his or her actions and powers within the criminal process. Notwithstanding the foregoing, there has been no major difficulty regarding the recognition of the rights of the victims, as well as the legal powers that may be exercised by the plaintiff once constituted as a plaintiff. The crux of the discussion has always been the procedural timing of the filing of the complaint and any powers conferred by Article 341 of the Code of Criminal Procedure. This brief, but necessary essay will deal with this particular subject, and is not intended to convince any participant in the process of our particular criterion, however, we do intend to bring to the debate our position, and hope that it can be analyzed, discussed, and why not, be used as a point of consensus for the unity of criteria throughout the national territory.
