Publicación: Reforma integral al procedimiento general administrativo en Panamá. Efectividad, funcionalidad y resiliencia
Portada
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
La ideología jurídica de todo proceso administrativo queda envestida en la consecución cronológica de actos o series encaminados al conjunto de actos administrativos emanados de los servidores públicos para llegar a un fin determinado de índole estatal, proclive a la necesidad de presentar solicitudes, quejas y reclamaciones, que realizan los administrados y esperar respuestas oportunas. Es así, como nace la Ley 38 de 31 de julio de 2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 24109 el día 1 de agosto del mismo año, que adopta el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración como entidad garante del fiel cumplimiento de las disposiciones legales, promoviendo y defendiendo el Estado de Derecho, coadyuvando en el pleno desarrollo de las gestiones de la función pública con apego al principio de legalidad, reserva de ley, transparencia, eficacia y eficiencia en la calidad de la prestación de los servicios público; y regula el Procedimiento General Administrativo en Panamá, en donde responde a esas necesidades que tenían y que siguen teniendo los administrados, para salvaguardar sus derechos esenciales que estaban anteriormente descritas en normas aisladas y existía un gran vacío jurídico en cuanto a ¿Cómo se determina y se regula los procedimientos administrativos?, ¿Cuál es el sujeto de la función pública que promueve y fiscaliza las disposiciones legales del procedimiento administrativo?, a éstas interrogantes, se le añade un ingrediente sumamente importante y es que las disposiciones legales existentes van desarrollándose en conjunto con la innovación tecnológica, hasta el punto que ha sido un factor determinante a la hora de la automatización de los procesos administrativos, lo que ha llevado a la simplificación de los trámites administrativos, dando respuestas a diferentes inquietudes que aquejan el día a día en el derecho positivo panameño, sin embargo, también ha sido un desafío constante, por la falta de recurso humano capacitado para atender las solicitudes administrativas que se reciben a diario, falta de capacidad jurídica estatal en las inversiones pública – privada, para una mejora continua en las infraestructuras tecnológicas de almacenamiento de datos para la agilización de los procesos administrativos. La disposición legal bajo análisis, se encuentra hoy en día con muchos vacíos legales, entorno a la promulgación en la Gaceta Oficial No. 26090, la Ley 51 de 22 de julio de 2008 que regula los documentos electrónicos y las plataformas de almacenamiento tecnológico en Panamá, y a pesar que cuenta con 16 años de vida jurídica, aún nos encontramos con muchos desafíos y obstáculos en la administración pública.
Resumen en inglés
The legal ideology of any administrative process is vested in the chronological progression of acts or series aimed at the set of administrative acts emanating from public servants to achieve a specific state goal, prone to the necessity of submitting requests, complaints, and claims made by the administered and awaiting timely responses. Thus, the Law 38 of July 31, 2000, published in the Official Gazette No. 24109 on August 1 of the same year, was born, adopting the Organic Statute of the Office of the Attorney General as the entity ensuring faithful compliance with legal provisions, promoting and defending the Rule of Law, contributing to the full development of public function management in adherence to the principles of legality, legal reservation, transparency, efficacy, and efficiency in the quality of public service provision. It regulates the General Administrative Procedure in Panama, addressing the needs of the administered to safeguard their essential rights previously described in isolated norms and addressing a significant legal vacuum regarding how administrative procedures are determined and regulated, who is the subject of the public function promoting and supervising legal provisions of the administrative procedure. To these questions, a highly significant aspect is added: existing legal provisions evolve in tandem with technological innovation to the extent that it has been a determining factor in the automation of administrative processes, leading to the streamlining of administrative procedures, addressing various concerns that afflict day-to-day life in Panamanian positive law. However, it has also been a constant challenge due to the lack of trained human resources to handle daily administrative requests, lack of state legal capacity in public-private investments for continuous improvement in technological data storage infrastructures for streamlining administrative processes. The legal provision under analysis still faces many legal gaps today, particularly in light of the promulgation in the Official Gazette No. 26090, Law 51 of July 22, 2008, regulating electronic documents and technological storage platforms in Panama. Despite having 16 years of legal life, we still encounter many challenges and obstacles in public administration.
