AAI. Núm. 8 (2017)
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Publicación Acceso abierto La auditoría forense como prueba judicial(Universidad UMECIT, 2018-05) Walkiria Bonilla, YadiraEl Auditor con preparación técnica-forense, es un valioso “testigo experto” en una Corte Criminal. Por ser la Auditoría Forense un área muy especializada, el Auditor debe tener una muy completa capacitación, acerca de las diferentes modalidades criminales, con énfasis en delitos económicos y financieros. Además de un conocimiento de la parte operativa en los diferentes procesos de investigación, y por supuesto, seguir cuidadosamente los manuales y las instrucciones del investigador jefe, para no cometer errores que pueden contaminar las evidencias y que a la postre arruinan toda la investigación, pues el caso se derrumba en la Corte por errores en la recopilación de evidencias a falta por ejemplo de demostrar debida diligencia en la cadena de custodia.Publicación Acceso abierto Las relaciones laborales y la negociación basada en intereses en el Canal de Panamá(Universidad UMECIT, 2018-05) Ayú Prado, Gabriel BercelioPuede definirse la Negociación basada en Intereses como un estilo alterno de negociación que se utiliza para lograr resultados positivos para ambas partes. Es un estilo que utiliza las creencias, principios, pasos y técnicas que son marcadamente diferentes de la negociación tradicional de adversarios. El énfasis en la negociación tradicional descansa sobre el poder relativo de las partes y su disposición de usarlo, tanto en relación con asuntos específicos, como también con el arreglo en general. Por tanto, la Negociación basada en Intereses es un enfoque de solución-consenso para las negociaciones, que se enfoca en los intereses de las partes.Publicación Acceso abierto Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva(Universidad UMECIT, 2018-05) Rivera Cano, OgamiAnte la pluralidad de eventos que han surgido recientemente en materia financiera, los cuales han tenido impacto directo en nuestro país, un tema digno de mención es el papel que juegan los organismos de supervisión financiera en un país como el nuestro. Aquellos, a veces desconocidos por el común de los ciudadanos, pero que actúan de forma fundamental con respecto a actividades delictivas que podrían tener ocurrencia a través de una actividad en principio legitimada y que aporta a nuestro crecimiento como República. De tal manera, ofrecemos al público interno y externo a este campo de estudio, una herramienta básica de consulta que permita identificar qué es un organismo de supervisión, cuáles regulan el mercado financiero en nuestro país, aspectos jurídicos y doctrinales de su operatividad, y la parte jurídico – penal de vital importancia en el rol preventivo que conllevan sus funciones.Publicación Acceso abierto La inimputabilidad y las medidas de seguridad(Universidad UMECIT, 2018-05) Espada, MaríaLa conducta del ser humano en sociedad, está limitada a una serie de normas que lo limitan o constriñen a tomar decisiones ajustadas o no un comportamiento socialmente aceptado. La libertad como Derecho Humano, brinda la idea, sobre todo al ciudadano que no está vinculado a los estudios jurídicos que, de forma ilimitada, puede materializar sus decisiones en su entorno social, con conocimiento de las consecuencias de sus actos, o bien, con desconocimiento de las normas que rigen su conducta. Esta capacidad, para libre pensar y libre actuar, irreversiblemente, trae consigo un nexo causal, entre el acto producido y su efecto o consecuencia. Para el Derecho Civil, por ejemplo, todos los actos están relacionados a relaciones entre particulares, que formal o informalmente, realizan con su interacción contratos o cuasi contratos, y cuando no simplemente las consecuencias de una conducta deriva delito o cuasidelito, todo lo anterior, presumiendo que quien realiza los actos sea sujeto de derecho, de acuerdo a las reglas de la capacidad jurídica de las personas. En materia penal, las conductas que interesan a esta rama del Derecho, tienen que ver lógicamente con las no aceptadas, por la sociedad, y que han decidido normativamente, tipificar como conductas negativas o delitos. Determinar entonces, al amparo del principio de presunción de inocencia, que una persona realizó una conducta punitiva, es precisamente considerar si el dicho presunto infractor de la norma, reúne los requisitos mínimos de la ley penal, para imputarle la descripción del tipo penal, y las consecuencias derivadas, tanto penales (sanción), como civiles (reparación del daño). No obstante, la mera realización de acto criminal, no genera de forma automática, que la persona quien presuntamente lo realizó, sea imputable, no por la naturaleza del acto mismo, sino por la tutela subjetiva de la norma, que enfoca la característica de la persona que lo realizó.Publicación Acceso abierto El principio de transparencia y la contratación pública en Panamá(Universisad UMECIT, 2018-05) Jaen Jaen, Ena KarinaLa transparencia es uno de los principios, que han quedado establecidos universalmente, desde hace ya cuatros lustros, como necesarios para el desarrollo ordinario de la democracia. Por tanto, las sociedades modernas, basadas en el estado de derecho, no se piensan, si se omite la correcta relación, entre gobernados y gobernantes. El idilio de gobernar un país, al amparo de un poder oficial sombrío, sin limitaciones, que ejercita sus actuaciones administrativas arbitrariamente, en beneficio de grupos selectos de personas, copartidarios, socios, familiares y allegados éste, encuentra senda cortapisa, cuando la sociedad, a través de sus instituciones democráticas, van creando líneas claras de gestión pública, para el desarrollo de las buenas prácticas en su administración. Este principio, no es más que un conjunto de reglas, al que la organización social, decide libremente proteger, someterse y hacer cumplir. Es así, pues, que cada una de las actuaciones del estado, en relación a las necesidades de los administrados, que van desde el cumplimiento de los fines y objetivos planteados por los gobiernos de turno o políticas estadales, hasta las relaciones en las que derechos e intereses propios de los asociados, se ven en juego, no quedan reducidas a una serie de recaudos documentales, sino a la amplitud del conocimiento de todos los interesados, y de quienes no lo son, alimentados por el deseo de que la cosa pública, sea correctamente manejada, gestionada o administrada. Este es uno de los principios del derecho administrativo contemporáneo, que tiene como función brindar paz a la sociedad. Esta última solamente se logra en un estado que logra elevar el respeto hacia los derechos humanos de las personas, por encima de los intereses subyacentes del poder y de sus vicios.
