AAH. Núm. 7 (2017)
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Publicación Acceso abierto Juricidad de la nacionalidad panameña(Universidad UMECIT, 2017-10) Flores Cedeño, JaimeEn este trabajo presentamos una semblanza del doctor Justo Arosemena, personaje cimero de nuestra Patria, cuyo legado ha sido ejemplo para distintas generaciones de panameños que vieron en él a un hombre íntegro y de principios que jamás antepuso intereses personales por encima de la colectividad. Justo Arosemena es considerado en la actualidad, como el más profundo ideólogo del nacionalismo panameño, porque a través de su pensamiento se sustentan las razones históricas, políticas, geográficas y sociológicas, que le dieron sentido y coherencia al ser nacional, como quedó demostrado, en su obra cumbre: “El Estado Federal de Panamá”. Nos proponemos en estas páginas destacar algunos aspectos relacionados con su vida y obra la cual está íntimamente ligada a la historia de Panamá en el siglo XIX.Publicación Acceso abierto Análisis crítico a la legislación regulatoria del archivo tecnológico de documentos(Universidad UMECIT, 2017-10) Fong Buckridge, JaimeEl presente artículo es un análisis jurídico-legislativo de la normativa en materia de almacenamiento tecnológico de documentos; una observación crítica sobre su evolución histórica y aspectos relevantes, así como una revisión descriptiva de las diferentes normas que han creado, modificado y regulado la figura; sus aportes, innovaciones y regulaciones más destacadas; una comparación técnica de los textos, objetivos y fines. Finalmente se brinda una opinión particular de la efectividad de dicha normativa y sus carencias.Publicación Acceso abierto La apátridia y los derechos humanos(Universidad UMECIT, 2017-10) Fernández Guerrero, Yesenia del CarmenLa Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Entre los precitados derechos, proclama en su artículo 15 lo siguiente: “ 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Sin embargo en la actualidad, a más de sesen- ta años de ese primer esfuerzo de la post guerra, en materia de derechos humanos, se habla de millones de personas apátridas; es decir, sin un vínculo jurídico que los enlace a un Estado. Esta condición conlleva mayores problemas y desencadena la privación de otros derechos inherentes a los seres humanos, ya que al adolecer de documentos que los certifiquen como nacional de un Estado, no pueden acceder fácilmente a los servicios públicos como, salud, educación, empleo; tampoco a circular libremente, y mucho menos a ejercer derechos políticos. En el derecho internacional existe mucho por hacer en esta materia, no obstante, ya se están evidenciando los primeros pasos hacia la erradicación de la condición de apatridia en el mundo, mediante instrumentos internacionales y la ad- hesión a ellos de, cada vez, más Estados.Publicación Acceso abierto El derecho a la salud pública(Universidad UMECIT, 2017-10) Quintero, ArelisEl derecho a la salud, por su carácter inherente a la existencia de todo ser humano, se encuentra protegido en nuestro ordenamiento jurídico. Esto persigue la justicia social, en aras de una igualdad real y efectiva. Abriendo la oportunidad a la accesibilidad a la atención de salud, para todas las personas que por su condición económica, física o mental se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta. En forma primordial, este derecho busca el aseguramiento del derecho fundamental por naturaleza: la vida. Exigiendo un tratamiento prioritario y preferencial por parte del gobierno y del legislador, en aras a su efectiva protección.Publicación Acceso abierto La energía y su enfoque jurídico en Panamá(Universidad UMECIT, 2017-10) Escala, Stella MaríaLa regulación en materia energética surge desde los inicios de la República, cuando se hacen por primera vez leyes relacionadas a la electricidad y los hidrocarburos, esto lo podemos apreciar con la Ley 30 de 10 de febrero de 1909, que dicta disposiciones sobre adquisición de minas o depósitos de petróleo, y la Ley 60 de 28 de diciembre de 1912, donde la nación asume el derecho exclusivo de conceder en los caminos, calles y plazas de uso común, licencias para las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica para alumbrado público y privado. La normativa en materia energética ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sin embargo, cuando se habla de energía, se tiende a pensar únicamente en la electricidad, cuando también se incluye a los hidrocarburos. En ambos sectores contamos con marcos institucionales y regulatorios creados hace varios años, que han sido objetos de múltiples modificaciones, como es el caso del sector eléctrico donde la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, cumplió recientemente veinte años, y la Ley 8 de 16 de junio de 1987, que regula las actividades de los hidrocarburos, la cual encuentra su principal apoyo en el Decreto de Gabinete No.36 de 17 de septiembre de 2003, que establece la política nacional de los hidrocarburos y dicta otras disposiciones.
